El ejecutivo alavés ha tomado esta medida tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno central para devolver en tres años los 435 millones relacionados con este contencioso.
En virtud de una sentencia del Tribunal Supremo, Euskadi debe devolver esta suma por considerar el Alto Tribunal que la Hacienda estatal era la instancia competente para recaudar el IVA por la importación entre 1990 y 2005, de vehículos de marca Rover. Estos eran importados desde el puerto de Pasaia y distribuidos desde la localidad alavesa de Araia.