La nueva normativa, de aplicación en el territorio común, obligará a los contribuyentes a declarar cuentas, activos e inmuebles en el extranjero. Además,  el declarante deberá ser capaz de demostrar que los bienes situados en el extranjero se adquirieron con rentas declaradas.

Por otro lado, se prohibirán los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en operaciones en las que intervenga un empresario o profesional. Además, se persigue una reforma del sistema de módulos y el cambio normativo consiste en prohibir la tributación por módulos a determinados empresarios que facturen más del 50% de sus operaciones a otros empresarios y su volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros.

La Diputación Foral de Bizkaia también ha variado su régimen de inspección con el objetivo de aumentar su efectividad en la prevención y persecución del fraude fiscal.

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