La labor de la Junta Arbitral del Concierto Económico, hasta ahora sin mayor eco público, ha salido a las primeras páginas de la prensa por su dictámen sobre el IVA de los vehículos MG Rover distribuidos desde Alava.
El montante de la reclamación es de unos 456 millones de euros, ya que abarca los ejercicio de 1990 hasta 2005. Como cabe recurso ante el Tribunal Supremo todavía está lejos el ingreso efectivo de esta suma, que en todo caso se repartiría entre los tres Territorios Históricos.
La Diputación alavesa ha solicitado al Gobierno que no reclame pero todavía es pronto para saber qué va a ocurrir. En principio, la resolución es firme pero recurrible, por lo que la Agencia Tributaria debería abonar la cantidad y luego, si así lo decide, recurrir al Supremo. También cabe la opción de conseguir una suspensión cautelar del ingreso hasta que el Supremo decidiera en firme sobre el caso.