La Comisión de Hacienda de las Juntas Generales de Araba ha aprobado las enmiendas presentadas a la Norma Foral de subvención a empresas, en la que se han incluido penalizaciones a las empresas que reduzcan su plantilla mientras se deslocalizan. Si estas recortan su plantilla en un 35% y en el plazo de tres años comienzan a funcionar en otro lugar, tendrán que devolver las ayudas recibidas en los últimos ocho años y no podrán recibir más ayudas en otros ocho.
Gracias a las enmiendas introducidas la Norma incluye ahora una definición más concreta de deslocalización, que supondrá un cese o reducción significativa de la actividad de la empresa y que en el plazo de tres años, anteriores o posteriores, la actividad se inicie en otro lugar.
Desde Eh Bildu se ha manifestado que todos los grupos políticos representados en las Juntas Generales de Araba, menos el PP, han acordado que para considerar que la compañía pueda ser penalizada la reducción de la plantilla tiene que alcanzar el 35%. Manu Rezola, procurador de Eh Bildu, también ha señalado que “las instituciones públicas deben velar por las inversiones hechas con dinero público e impedir que empresas que han recibido grandes cantidades de dinero público decidan de un día para otro llevar su producción a cualquier otro sitio con el objetivo de seguir engordando su cuenta de resultados”.
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