Ciudadanos propone acabar con el esquema vigente de relaciones bilaterales entre el Estado y las instituciones vascas en la determinación del cupo, otorgando el poder de decisión a un órgano vinculado al Ministerio de Hacienda.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo. Entre otros evalúa el cumplimiento efectivo por las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público.
En una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja Ciudadanos plantea que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se encargue de calcular la cuantía del Cupo y a estimar el coste de las competencias estatales no asumidas por la Comunidad Autónoma Vasca. Siguiendo el discurso ya habitual y característico de Ciudadanos criticando al cupo, argumenta que de esta manera se evitaría la supuesta “sobrefinanciación” de Euskadi a través del cupo. En la misma línea, el partido de Albert Rivera reclama una revisión del ajuste del IVA “para que se utilicen los verdaderos valores de los coeficientes que recogen el peso de estas comunidades en el consumo nacional”, así como que “las comunidades forales se incorporen plenamente al sistema de nivelación interregional”.
Aun cuando organismos como éste u otros pudieran participar o aportar al respecto, esta proposición no tendría cabida en el esquema vigente de relaciones entre el Estado y el País Vasco. La determinación de la metodología del cupo corresponde actualmente a la Comisión Mixta del Concierto Económico; un órgano de composición bilateral, compuesta por una parte, por un representante de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno Vasco y, de otra, por un número igual de representantes de la Administración del Estado. La propuesta de Ciudadanos pretende romper esta bilateralidad, otorgando el poder de decisión a un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda.
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