Tras la significativa modificación tributaria de los impuestos de las haciendas forales en 2018 – que afectó a figuras impositivas tales como el impuesto sobre la renta, sociedades, patrimonio…- y una vez experimentado el largo devenir de los últimos 5 años, se podría afirmar que las haciendas forales vascas han terminado con un saldo positivo.
Comparativamente, la recaudación del fisco foral ha sido mayor que el crecimiento de la economía vasca, tanto es así que desde 2018 la recaudación ha crecido casi el doble que la misma, llegando a un 25,5% mientras que esta última ha crecido un 12,3% (hasta los 80.700 millones de PIB en 2023). Analizando la situación desde la fecha de partida, en 2018 los ciudadanos y empresas vascas aportaron 14.981 millones a las haciendas forales, por su parte, el pasado año la suma del pago de impuestos resultó en 18.212 millones, lo que representa un 22.55% del PIB de la Comunidad Autónoma Vasca. Consecuentemente, si acudimos a los datos del Banco de España veremos que las arcas públicas vascas han aumentado 6.063 millones desde 2020, un 156% más.
Ene se sentido, la situación es favorable, ya que los servicios y políticas públicas vascas se encuentran garantizados gracias al auspicio de una mayor recaudación, enmarcado en un contexto de crisis como la pandemia o la crisis energética y de precios. De esta manera, y a pesar de toda adversidad, el Gobierno Vasco y las diputaciones se ven reforzadas. Dicha situación servirá de fundamento para la reforma fiscal pendiente, de forma que las futuras modificaciones fiscales no podrán afectar negativamente al quantum de los ingresos públicos, lo que genera una necesidad de equilibrio mediante compensaciones, es decir, que lo que se reduzca por un lado se aumentará por el otro.
Lo anteriormente comentado nos lleva a una situación de superávit acumulado, de suerte que en caso de sumar el monto acumulado desde 2018 y hasta el ejercicio de 2022, alcanzaríamos la cifra de 2.543 millones de euros. Ello acontece porque las previsiones de recaudación se han visto siempre superadas y porque el nivel de gasto estimado es inferior a lo presupuestado, de forma que la ejecución de cuentas no llega a su totalidad, lo que genera dicha situación de superávit. A su vez, cabe recordar que tras la crisis originada por el COVID, Bruselas ha flexibilizado las cortapisas para recurrir a la deuda pública, hecho que junto con el acceso a los fondos europeos, ha aportado mayor liquidez a las cuentas públicas.
Además, no cabe olvidar que gracias al régimen de distribución vertical regulado por la Ley de Aportaciones, el Gobierno Vasco se nutre del 70.81% de los impuestos recaudados por las Diputaciones Forales, lo cual le ha permitido invertir una no despreciable cantidad en sus sociedades y entes públicos. Concretamente, entre 2022 y 2023, organismos como la SPRI (Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial), el EVE (Ente Vasco de la Energía) o el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) se han visto beneficiados con un total de 1.551 millones de euros en transferencias frente a los 808 millones correspondientes a 2018. Recordemos que dichos entes son los responsables del desarrollo de proyectos tales como los parques eólicos o fotovoltaicos que impulsa el EVE con empresas como Iberdrola, Solaria o Sidenor. Iniciativas que se cuantifican en 40 millones de euros. Además, el Gobierno vasco ha invertido en diversas empresas de peso de determinados sectores económicos como la planta de combustibles sintéticos de Petronor con algo más de 30 millones o la fábrica de baterías alavesa de BasqueVolt con otros 30. Finalmente, mencionar la dotación de 300 millones a Finkatuz, el fondo desde el que el Ejecutivo Vasco pretende tomar participaciones en empresas estratégicas para frenar el fenómeno del desarraigo.
La disminución de la deuda pública no ha dejado de estar presente en la libreta de gastos del Gobierno, de forma que tras el incremento de deuda de 2021 – cuantificado en unos 11.172 millones de euros – volvemos a encuadrarnos en valores próximos a 2018, debiendo un monto de 10.661 millones.
La estabilidad de la Administración también se ha visto beneficiada gracias a la inversión en el gasto recurrente, que experimentó un crecimiento de un 23.8%, unos 2.900 millones más, alcanzando el total de 11.600 millones, de los cuales, el 70% han sido destinados a los departamentos de Salud y Educación.