La Junta de Castilla y León realizó la interposición de ocho recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional por la “vulneración del derecho de defensa” en las últimas sentencias sobre el Impuesto de Sociedades de los territorios forales.
El objetivo de esta medida del Gobierno regional es “evitar que las diputaciones forales apliquen tipos fiscales reducidos a las compañías que operan en las tres provincias vascas”..
El Constitucional es en la actualidad el único órgano judicial competente para recurrir las normas fiscales vascas.
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