El Tribunal Constitucional ha anulado diversos artículos del Real Decreto que regula el Programa de Activación para el Empleo, que prevé una ayuda extraordinaria de 426 euros para desempleados sin protección, al considerar que deben ser los servicios de empleo de las comunidades autónomas quienes gestionen la ayuda y no el Servicio Público de Empleo Estatal, como hasta el momento.

El fallo llegó tras un recurso presentado por el ejecutivo vasco. El Tribunal da la razón al Gobierno Vasco al entender que la subvención invade competencias autonómicas. Su razonamiento es que ese programa, que lleva aparejada una ayuda de 430 euros durante medio año, es una política activa y, por tanto, la gestión corresponde a las comunidades. “No concurren circunstancias que justifiquen una gestión centralizada”, apunta la sentencia.

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