El Gobierno presentó su recurso contra la decisión del gobierno catalan de crear un impuesto catalán a los depositos al considerar que las autonomías no tienen capacidad para fijar un impuesto a dichos depósitos.

El Tribunal Constitucional acordó el pasado mes levantar la suspensión provisional sobre el impuesto a los depósitos bancarios aprobado en Catalunya, que acordó hace cinco meses, cuando admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno contra la decisión del  Ejecutivo de Artur Mas.
El Tribunal Constitucional ha considerado válida la argumentación de la Abogacía catalana que defendió que la aplicación de la norma conllevaría unos ingresos adicionales para la Generalitat de Catalunya. El auto avala que el impuesto catalán constituye una medida necesaria para alcanzar nuevas fuentes de financiación que permitan cumplir los objetivos de déficit y deuda pública en un contexto marcado por la persistente caída en los ingresos públicos y la imposibilidad de acudir a los mercados para obtener una financiación razonable.
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