El Parlamento vasco, en sesión celebrada el 25 de abril, ha instado al Gobierno autonómico a que respete la competencia de las diputaciones en materia fiscal y que presente sus propuestas en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), en el que participan el propio Ejecutivo y los tres territorios históricos.


Esta decisión rechaza la iniciativa del Gobierno Vasco que reclamaba un plan de lucha contra el fraude único para las tres diputaciones y  pedía abordar la «progresividad» de todos los impuestos.
La competencia directa sobre la fiscalidad reside en  las instituciones de los Territorios Históricos de Bizkaia, Alava y  Gipuzkoa (diputaciones y Juntas Generales). Pero, la Ley de  Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco deja abierta la posibilidad de que el Gobierno autonómico remita al  Parlamento un proyecto de ley para establecer recargos en  determinados impuestos.
El único precedente histórico existente hasta el momento se produjo  tras las  inundaciones de 1983, cuando el Legislativo vasco aprobó un recargo especial  sobre el IRPF para contribuir a la financiación de las obras de  reconstrucción de Bilbao.
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