Un mes después de que el Ministro Montoro anunciará la publicación de  esta iniciativa que ya se aplica en Gran Bretaña e Irlanda, el Ejecutivo pretende que la Agencia Tributaria impulse los cambios legales en menos de tres meses, informa EL PAÍS en un artículo publicado el 15 de enero.

Para los datos del resto de los grandes defraudadores, el escollo reside en la Ley Orgánica de Protección y de Datos y en el artículo 95 de la Ley General Tributaria, que declara reservados los datos tributarios de los contribuyentes y obliga a Hacienda a garantizar su confidencialidad.
Fuentes del ámbito tributario consultadas indicaron que la solución sería relativamente sencilla en el caso de las empresas. Las deudas que las entidades tienen con Hacienda han de constar en sus cuentas, que deben estar depositadas en el Registro Mercantil. Bastaría una web que centralizase todas estas informaciones, sugiere el rotativo madrileño.
Fuentes de Hacienda indican que uno de los criterios que se tendrán en cuenta será que el fraude sea de importantes cantidades de dinero, así como la reincidencia. Se incluirán a sujetos en los que se haya detectado irregularidades de manera “reiterada, persistente y en cuantías muy importantes”. El Economista, en una artículo del día 15, anuncia que Hacienda se centrará en los casos más llamativos.
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