El Gobierno Vasco remitió el 30 de julio una carta a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local en la que comunicaba oficialmente la decisión de las instituciones vascas de abonar el importe de la multa, lo que hizo efectivo el primero de agosto. El Ministerio de Hacienda “da por concluido el expediente” tras considerar que el pago de la sanción impuesta por el TJUE se ajusta a los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Vasco y el central.

El procedimiento se cerrará oficialmente cuando el Consejo de Ministros apruebe expresamente el acuerdo y sea publicado en el Boletín Oficial del Estado, como establece el artículo 15.3 del Real Decreto 515/2013 que regula “los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea”.

El reparto de dicha multa se adoptó con el apoyo unánime de las Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y el Gobierno Vasco. El Ejecutivo autonómico asumió el 70% del total de la sanción (21 millones de euros), mientras que el restante 30% recayó en las tres Diputaciones Forales. Bizkaia pagó el 50% (4,5 millones de euros), Gipuzkoa el 33% (casi 2,98 millones de euros) y Araba el 16,6% (1,4 millones de euros).

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