La Comisión Europea ha exigido la devolución de 68,8 millones de euros en ayudas estatales a siete clubs de fútbol del Estado español, al considerar que se trata de apoyos públicos ilegales. Entre ellos se encuentra al Athletic Club de Bilbao, al que la CE reclama hasta cinco millones de euros. La cuantía definitiva deberá ser fijada por las autoridades en el proceso de recuperación de las ayudas.
Así mismo, la CE no iniciará ningún expediente formal sobre la financiación de San Mames Barria. La Diputación Foral de Bizkaia se ha felicitado por la decisión de la UE y ha manifestado que la resolución demuestra “la inexistencia de ayudas estatales en el presente asunto”.
La investigación comunitaria tiene tres ramificaciones. Una afecta al Athletic, al Real Madrid, al Barcelona y al Osasuna. Estos cuatro equipos son los únicos que en su día no se convirtieron en Sociedades Anónimas Deportivas, por lo que permanecieron como entidades sin ánimo de lucro. Según la Comisión Europea desde 1990 este hecho les ha reportado un trato fiscal diferenciado, al pagar un Impuesto de Sociedades del 25% en lugar del 30%. En el Territorio Histórico de Bizkaia, donde gracias al Concierto Económico existe una autonomía fiscal, los porcentajes son del 21% y 28% respectivamente.
La Diputación Foral de Bizkaia ha anunciado que ejecutará de decisión de Bruselas. El Gobierno foral ha dado un plazo de cuatro meses para aplicar las medidas que ha dictado la Comisión Europea sobre el Athletic. Así mismo, la Diputación Foral de Bizkaia ha manifestado que todavía no ha recibido una notificación oficial de la decisión europea, por lo que la valoración oficial sobre este asunto la realizará cuando los técnicos del departamento de Hacienda estudien la sanción.
Respecto a las otras dos investigaciones, una se centra el pelotazo urbanístico que el día logró el Real Madrid de la mano de Ayuntamiento de la capital en la venta de su antigua ciudad deportiva. La otra afecta a tres clubes valencianos, el Hércules, Elche y Valencia, al considerar ilegales los avales públicos por valor de 118 millones de euros que recibieron de la Generalitat.
Fuentes: